La ministra de los Pueblos Indígenas hace llamados para sanciones contra los compradores de metal ilícito de la región amazónica
Los países deben ejercer mayor control sobre las importaciones de oro y las compañías que trafican con suministros de contrabando del metal precioso procedente de la región amazónica deben ser castigadas, ha dicho el gobierno de Brasil.
Sônia Guajajara, primera ministra de los Pueblos Indígenas del país, pidió más apoyo de gobiernos extranjeros y de la industria para abordar la minería ilegal de oro, una prioridad del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los principales destinos del oro brasileño son Canadá, Reino Unido, India, Suiza y Emiratos Árabes Unidos. Más de la mitad de las 97 toneladas de la producción estimada del país en 2021 mostraban indicios de vínculos con actividades ilegales, según un estudio del grupo sin fines de lucro Instituto Escolhas.
Guajajara dijo que las empresas extranjeras y los agentes estatales tienen que desempeñar un papel en la lucha contra los casos ilegales de minería ‘informal’, conocida en portugués como «garimpo». Esta práctica ha sido durante mucho tiempo uno de los principales factores de invasión de tierras indígenas protegidas y de deforestación.
«La comunidad internacional tiene un papel fundamental en la lucha contra el garimpo. Sobre todo porque la mayoría de las compañías que compran oro brasileño son de otros países», le dijo Guajajara al Financial Times (FT).«Es urgente detener esta vía del oro. Los gobiernos deben regular lo que entra en sus países».
Vistiendo un tocado tradicional en su despacho de Brasilia, la ministra instó a actuar para identificar e imponerles sanciones a las compañías que compran oro ilícito. «Hay que penalizar a quien lo compre, porque sólo podremos combatirlo cuando lleguemos realmente a los financiadores de la minería».
La minería informal, que a menudo se asocia con una criminalidad más amplia, aumentó durante la presidencia del populista de extrema derecha Jair Bolsonaro, cuya administración debilitó las protecciones ambientales.
Situación interna
Las grandes empresas implicadas en el comercio deben asegurarse de que conocen el origen del oro, así como cualquier vínculo con la destrucción ecológica o las violaciones de los derechos humanos, dijo Guajajara, quien añadió que también es necesaria una mayor concienciación de los consumidores. «Hay diálogo entre varias compañías para reducir los daños y el impacto de este oro, pero sigue sin ser eficaz».
Las nefastas consecuencias del garimpo ilegal se pusieron de manifiesto con una crisis humanitaria en la mayor reserva indígena del país, semanas después del inicio de la presidencia de Lula este año. Brasilia declaró una emergencia de salud pública para la tribu yanomami, que cuenta con unos 30.000 miembros en una zona aislada de selva tropical cerca de la frontera norte con Venezuela, tras un aumento de la desnutrición y de enfermedades como la malaria atribuidas a las incursiones de buscadores ilegales de oro.
Tradicionalmente, los mineros informales a pequeña escala trabajaban con herramientas rudimentarias para excavar, cribar y dragar, pero la actividad se ha sofisticado en los últimos años, con un aumento de la inversión y el despliegue de maquinaria pesada.
Los activistas acusaron a Bolsonaro de darles luz verde a leñadores y mineros criminales. Ha rechazado las críticas al historial de su administración en materia indígena y medioambiental.
El área total ocupada por la minería informal en Brasil —que se encuentra entre los 15 principales productores de oro— aumentó alrededor de un cuarto entre 2018 y 2021, a 196.000 hectáreas, según el centro de expertos ambientales Mapbiomas.En los territorios indígenas, donde la minería está prohibida, la actividad se duplicó en el mismo periodo.
Guajajara, de 49 años, activista de larga trayectoria y primera representante de un grupo indígena que ocupa un cargo ministerial en Brasil, dijo que la protección de los bosques y la biodiversidad es una responsabilidad compartida.
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